México aparece como líder mundial en mercados criminales y enfrenta una expansión del crimen organizado según el Índice Mundial de Delincuencia Organizada 2025 elaborado por la Iniciativa Global contra la Delincuencia Organizada Transnacional. El informe ubicó al país en el primer lugar en mercados ilícitos y en el tercer sitio en criminalidad total, solo detrás de Myanmar y Colombia. La medición posicionó a México con puntajes elevados en tráfico de drogas, trata y delitos financieros.
El estudio analizó la presencia de grupos criminales y la capacidad del Estado para contenerlos, y señaló que México sostuvo un entramado delictivo diversificado. Los cárteles operaron como corporaciones con estructuras amplias y economías ilícitas consolidadas en varias regiones del país. La evaluación consideró insuficiente la respuesta institucional frente a la expansión de esas organizaciones.
La medición puntualizó que los mercados ilícitos abarcaron tráfico de personas, contrabando de migrantes, extorsión, tráfico de armas, falsificación, delitos ambientales y crímenes financieros. El tráfico de cocaína registró una evaluación cercana al máximo al confirmar el papel de México como corredor logístico para Sudamérica y Norteamérica. La producción y exportación de drogas sintéticas, en especial metanfetamina y fentanilo, reforzó la estructura económica de los grupos criminales.
Poder criminal
El documento señaló al Cártel de Sinaloa y al Cártel Jalisco Nueva Generación como los grupos con mayor influencia en los mercados ilícitos del país. Ambos mantuvieron una fuerza laboral equiparable a grandes empresas nacionales y extendieron control territorial mediante violencia y esquemas de cobro ilegal. Su presencia en centros penitenciarios reflejó niveles altos de infiltración en estructuras estatales.
Las organizaciones delictivas operaron redes internacionales utilizadas para tráfico de drogas, personas, armas y recursos financieros. Su capacidad logística permitió consolidar economías paralelas que afectaron sectores productivos y sociales. La multidimensionalidad de sus operaciones presionó a instituciones locales y federales en distintas regiones.
La GI-TOC informó que el sur del país concentró vulnerabilidades severas en trata de personas, principalmente en Chiapas, Oaxaca y Guerrero. Las víctimas fueron mujeres, menores y comunidades indígenas sometidas a explotación sexual, doméstica y laboral. La combinación de pobreza estructural y flujos migratorios incrementó el riesgo en esas zonas. –sn–
