La Fiscalía del Distrito Sur de Nueva York presentó una acusación formal contra el gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, y otros nueve funcionarios y exfuncionarios mexicanos, señalándolos por presunta colaboración con el Cártel de Sinaloa en el tráfico de drogas hacia Estados Unidos. El caso, dado a conocer el 29 de abril de 2026, incluye cargos por conspiración para importar narcóticos, posesión de armamento de uso exclusivo y conspiración para el manejo de este tipo de armas, y quedó a cargo de la jueza Katherine Polk Failla.
Entre los implicados figuran el senador Enrique Inzunza Cázarez; el exsecretario de Administración y Finanzas, Enrique Díaz Vega; el vicefiscal Dámaso Castro Zaavedra; así como exmandos de seguridad y autoridades municipales, entre ellos Juan de Dios Gámez Mendívil. De acuerdo con el Departamento de Justicia de Estados Unidos, todos ellos habrían formado parte de una red de protección que facilitó el tráfico de fentanilo, heroína, cocaína y metanfetamina hacia territorio estadounidense.
La acusación sostiene que los funcionarios presuntamente utilizaron sus cargos para brindar protección a líderes del grupo criminal, filtrar información sobre operativos y ordenar a corporaciones de seguridad resguardar cargamentos de droga, además de permitir actos de violencia sin consecuencias legales. El fiscal Jay Clayton señaló que este tipo de organizaciones no podrían operar con tal nivel de impunidad sin la complicidad de autoridades corruptas.
El documento judicial también indica que Rubén Rocha Moya habría recibido apoyo electoral de la facción conocida como Los Chapitos, vinculada a los hijos de Joaquín «El Chapo» Guzmán, mediante presuntos actos de intimidación contra adversarios políticos. A cambio, habría sostenido reuniones con integrantes del grupo y ofrecido protección a sus operaciones.
Por su parte, el administrador de la DEA, Terrance C. Cole, afirmó que la investigación revela una presunta red de corrupción que permitió al cártel mantener sus operaciones internacionales. Subrayó además que ningún funcionario está por encima de la ley.
Las autoridades estadounidenses precisaron que se trata de acusaciones formales y que todas las personas señaladas mantienen la presunción de inocencia. De ser encontrados culpables, los implicados podrían enfrentar penas de hasta cadena perpetua. En particular, el exmando policial Juan Valenzuela Millán enfrenta cargos adicionales por secuestro con resultado de muerte, lo que implicaría una sentencia obligatoria de por vida.
