Ex funcionarios estatales y municipales e integrantes de organizaciones civiles de Morelos, Puebla, Baja California y el estado de México fueron acusados por autoridades de procuración de justicia y órganos superiores de fiscalización de cometer desvíos millonarios de recursos, fraudes y ejercicio abusivo de funciones, entre otros actos de corrupción. Al menos tres de ellos fueron aprehendidos en horas recientes y a 33 se les inhabilitó para ejercer el servicio público entre uno y 10 años.
Patricia Izquierdo Medina, secretaria de Obras Públicas de Morelos en la administración del perredista Graco Ramírez (2012-2018), fue detenida en el municipio de Jiutepec, acusada de ejercicio abusivo de funciones por haber adjudicado a una empresa fantasma, de manera directa, la “demolición y reconstrucción de un edificio de la Escuela de Estudios Superiores de la Universidad Autónoma del Estado de Morelos” en Jojutla, por un monto superior a 75 millones de pesos, informó la Fiscalía Anticorrupción de la entidad.
A la compañía Ago Operaciones, SA de CV se le otorgó el contrato a pesar de que la Ley de Obra Pública y Servicios Relacionados estipula que las adjudicaciones directas no deben rebasar un monto de 2.5 millones de pesos.
La captura de la ex funcionaria se dio en cumplimiento de una orden de aprehensión girada por un juez de control el pasado 18 de febrero, la cual se hizo efectiva la noche del lunes en un hotel, al parecer de su propiedad, ubicado en la comunidad de San Gaspar.
Saquearon fondo de ayuda a damnificados
También en Morelos, América López Rodríguez, titular de la Oficina de Auditoría y Fiscalización de la Entidad Superior de Auditoría y Fiscalización (ESAF), informó que los dos encargados operativos del Fondo Unidos por Morelos –que se creó en el gobierno de Graco Ramírez para ayudar a las familias damnificadas por el sismo del 19 de septiembre de 2017– “incurrieron en un desfalco impresionante, de muchos millones de pesos”.
Dicho fondo empezó en octubre de 2017 con una bolsa de 300 millones de pesos; en un principio estuvo a cargo Sergio Toto Beltrán (cercano a la familia del entonces gobernador). Meses después, Alexis Ayala Gutiérrez, actual secretario particular del presidente de la Comisión de Hacienda del Congreso local, Agustín Alonso Gutiérrez, del partido Nueva Alianza, se hizo cargo de los recursos hasta el 30 de septiembre de 2018 (cuando Cuauhtémoc Blanco sustituyó a Graco Ramírez al frente del Poder Ejecutivo).
En esta investigación, afirmó López Rodríguez, podría haber “un conflicto de intereses” debido a que el cargo de Ayala Gutiérrez podría ser un obstáculo para que la Comisión de Hacienda dé a conocer los resultados de esta revisión fiscal ante el pleno.
En Puebla, Guillermo Aréchiga Santamaría, quien fue secretario de Movilidad y Transporte durante el primer año y medio del gobierno del morenista Miguel Barbosa Huerta, fue detenido por elementos de la Agencia Estatal de Investigación para que responda por presuntos actos de corrupción, dio a conocer la fiscalía estatal.
El arresto se efectuó alrededor de las 10 de la noche del lunes en la carretera Atlixco-Izúcar de Matamoros, a la altura de la plaza Gemma. Aréchiga Santamaría, quien, según trascendió, es acusado por la venta ilegal de concesiones de transporte público, fue titular de la citada dependencia de agosto de 2019 a marzo de 2021. Su destitución se realizó en medio de una operación policiaca, ante la sospecha de irregularidades en su gestión.
De 2003 a 2006 Guillermo Aréchiga fue diputado federal del Partido Revolucionario Institucional y durante la presidencia del panista Felipe Calderón Hinojosa (2006-2012) fue coordinador nacional de las delegaciones del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado. En 2011 fue legislador local del Partido Acción Nacional y presidente del Congreso estatal; renunció a esta fuerza política en 2018 para contender por Morena por una diputación federal, la cual ganó, y en 2019 pidió licencia para integrarse al gabinete de Barbosa Huerta.
En el estado de México, 33 ex servidores públicos, la mayoría integrantes de ayuntamientos mexiquenses, fueron inhabilitados por el Tribunal de Justicia Administrativa estatal para ejercer el servicio público entre uno y 10 años, luego de que el Órgano Superior de Fiscalización de la entidad (OSFEM) acreditó su responsabilidad en abuso de funciones y desvío de recursos en ejercicios fiscales previos a 2018.
En sesión de la comisión de vigilancia del OSFEM realizada en el Congreso local, la auditora superior de fiscalización del estado, Miroslava Carrillo, aclaró que los procedimientos de responsabilidad administrativa que inicia el OSFEM por faltas graves en el uso de recursos públicos se envían al Tribunal de Justicia Administrativa para que imponga sanciones.
Así, se inhabilitó durante 10 años al ex alcalde de Acolman Misael Carreño (del Partido Revolucionario Institucional), al ex tesorero Aníbal Jesús Da Silva y a la ex síndica Maira Ivette Anaya, por abuso de funciones.
Recibieron la misma sanción Gregorio Morales, ex presidente municipal de Tonanitla (del Partido del Trabajo); Miguel Ángel Ortiz, ex tesorero, y Adelina Borbón, ex síndica. También el ex alcalde de Tequixquiac, Salvador Raúl Vázquez; el ex tesorero Ernesto Vega y el ex director de obras públicas, Gabriel Domínguez. A los primeros dos se les impuso otra inhabilitación de dos años por desvíos.
En tanto, quedaron inhabilitados durante una década la ex presidenta del Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia de Tequixquiac, Norma Araceli Bravo; la ex directora del DIF Blanca Estela Balderas y el ex tesorero del organismo, Ángel Hernández, por abuso de funciones. Sentencia similar recibieron los ex directores del instituto municipal del deporte del municipio de Jaltenco, Jorge Maya y Roberto Jesús Arceo, así como Óscar Villanueva, ex director de finanzas.
Fraude contra jubilados
La presidenta de la Caja de Ahorro Magisterial Asociación Civil (Camac), Dalila Carrillo, fue apresada en Mexicali y trasladada a Tijuana, Baja California, para enfrentar cargos por el delito de fraude por mil millones de pesos contra mil 300 maestros jubilados.
El 16 de noviembre de 2021, la Unidad de Investigación de Delitos contra el Patrimonio de la FGE terminó de integrar la carpeta de investigación NUC 2016-30506 contra Carrillo, el esposo de ésta, José Alfredo Bustos Chew; su ex esposo Delber Medina Carrillo, sus hijas Alexandra y Minette Álvarez Carrillo y su colaboradora Marialy Villarreal Rivas.
El arresto se efectuó cerca del mediodía del lunes, cuando Dalila Carrillo se presentó en la Unidad de Delitos contra el Patrimonio, la Sociedad, el Estado y la Justicia de la fiscalía estatal. Su intención era llegar a un acuerdo sobre la denuncia de fraude que presentaron los maestros, quienes le entregaron sus ahorros para generar rendimientos, pero hace cinco años se percataron de que su dinero y la asociación civil desaparecieron.
Al verificar el estado de este caso, en el sistema de la FGE apareció la orden de aprehensión librada en Tijuana, por lo cual se le notificó y se procedió a cumplirla.