Por orden del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI), la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) debe hacer públicas las denuncias penales que haya presentado en contra de los últimos cinco presidentes de la República, así como contra del actual titular del Ejecutivo, Andrés Manuel López Obrador.
Un particular solicitó esta información a la UIF, que encabeza Pablo Gómez Álvarez, pero recibió una negativa con el argumento de que se trata de información clasificada porque incluye información confidencial, por lo el organismo de la SHCP se dijo impedido para emitir cualquier dato sobre la existencia de investigaciones en contra los expresidentes Carlos Salinas de Gortari, Ernesto Zedillo, Vicente Fox, Felipe Calderón, Enrique Peña Nieto, o contra López Obrador.
Inconforme con la respuesta, el solicitante pidió la intervención del INAI.
El asunto fue analizado por la ponencia del comisionado Francisco Javier Acuña Llamas, quien presentó el caso al pleno del instituto este miércoles.
El comisionado reconoció que cuando una persona es investigada por las autoridades, la información de esas indagatorias es confidencial, pero en este caso, por ser funcionarios que han ocupado la máxima posición en el servicio público del país, se pueden hacer excepciones, dijo, pues se debe anteponer la rendición de cuentas a otras consideraciones.
Así, el pleno del INAI determinó que al tratarse de servidores públicos del más alto nivel no es procedente la reserva que invocó Hacienda para no entregar la información.
Por ello, la UIF deberá proporcionar el número de denuncias que ha presentado contra los ex mandatarios y el Presidente ante la Fiscalía General de la República o su antecesora, la Procuraduría General de la República, registradas entre 2005 y 2021.
La comisionada presidenta del INAI, Blanca Lilia Ibarra Cadena, consideró que esta resolución «se inserta en un conjunto de determinaciones que el pleno de este Instituto ha venido emitiendo a lo largo de los años en las que se ha pugnado por la apertura de la información relacionada con investigaciones abiertas respecto de personas servidoras públicas de alto nivel y también de representantes de elección popular, en las que a través de la aplicación de un test de proporcionalidad se ha superado la confidencialidad».