El Gobierno de México se prepara para cumplir con una entrega de 2,157 millones de metros cúbicos de agua al vecino del norte, conforme al Tratado de Aguas de 1944.
De ese total, una porción significativa provendrá de presas ubicadas en la frontera con Estados Unidos.
Este mecanismo de entrega responde al acuerdo bilateral que asigna el uso de los recursos hídricos de ríos compartidos, como el Bravo. Sin embargo, la operación no será sencilla: México deberá analizar las reservas disponibles en los embalses fronterizos para determinar cuánto se puede liberar sin poner en riesgo el abastecimiento local.
Entre las presas que podrían aportar agua destacan las infraestructuras binacionales como la presa La Amistad, así como otras instalaciones mexicanas ligadas al sistema del río Bravo y sus afluentes. Esas obras fronterizas tienen capacidad para regular la cantidad de agua que se libera hacia el canal internacional, controlando el flujo que cruza la línea divisoria.
Las autoridades mexicanas han señalado que la entrega se hará dentro de los plazos pactados, siempre que las condiciones hidrológicas lo permitan. En este contexto, habrá especial vigilancia de las lluvias, los niveles de almacenamiento y los posibles efectos en las regiones afectadas del lado mexicano.
No obstante, este escenario ha generado críticas de algunos estados del norte del país, que advierten que la extracción podría agravar la escasez en zonas ya afectadas por sequías prolongadas. Los gobernadores locales demandan que primero se garantice el abastecimiento humano y agrícola antes de proceder con las entregas internacionales.
El cumplimiento de este compromiso se convierte en una prueba de balance entre obligaciones internacionales y protección de los intereses hídricos nacionales, especialmente en un contexto de variaciones climáticas crecientes.
