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¿Qué es la “Ley Esposa”? Explicación de la reforma aprobada para 2027

La reforma aprobada modifica la Constitución Política del Estado de San Luis Potosí señala que para el proceso electoral de 2027 únicamente podrán registrar candidaturas de mujeres.

El Congreso de San Luis Potosí aprobó una reforma constitucional que ha generado un intenso debate nacional: la llamada “Ley Esposa”. Esta modificación establece que, para el proceso electoral local de 2027, los partidos políticos únicamente podrán registrar candidaturas de mujeres para competir por la gubernatura del estado. La polémica surge porque, según críticos, la norma podría ser utilizada para facilitar la candidatura de la senadora Ruth González Silva, esposa del actual gobernador Ricardo Gallardo.

La polémica surge porque críticos señalan que la reforma podría ser utilizada para facilitar la candidatura de la senadora Ruth González Silva, esposa del actual gobernador Ricardo Gallardo Cardona, lo que ha abierto cuestionamientos sobre un posible uso político de la paridad de género.

Postura del gobierno federal

La presidenta Claudia Sheinbaum se refirió al tema durante su conferencia matutina, donde subrayó que el debate central debe enfocarse en la viabilidad jurídica de este tipo de reformas. Señaló que “el fondo de estas iniciativas no necesariamente es la paridad de género, sino otros temas”, y dio a conocer que solicitó al ministro Arturo Zaldívar un análisis sobre su procedencia legal.

Sheinbaum recordó que el Instituto Nacional Electoral (INE) ya cuenta con mecanismos para garantizar la paridad a nivel nacional, como el criterio que obliga a los partidos a postular nueve mujeres y ocho hombres en las 17 gubernaturas que se disputarán en 2027.

Morena anuncia acción de inconstitucionalidad

En paralelo, Morena anunció que promoverá una acción de inconstitucionalidad contra la reforma. La dirigente nacional del partido, Luisa María Alcalde, afirmó que la ley es contraria a la Constitución porque busca “imponer candidaturas de esposas de gobernadores en funciones”, aprovechando el periodo previo a la entrada en vigor de la reforma federal contra el nepotismo electoral, prevista para 2030.

Alcalde adelantó que Morena aplicará desde la próxima elección criterios internos para impedir candidaturas de familiares directos de gobernantes, independientemente del marco legal vigente.

¿Qué establece la reforma?

La reforma modifica la Constitución Política del Estado de San Luis Potosí e introduce un esquema de alternancia obligatoria por género en la gubernatura. De acuerdo con el texto aprobado, tras la elección de 2027 —en la que solo competirían mujeres—, en el proceso de 2033 solo podrían contender hombres, y así de manera sucesiva.

Los promotores de la iniciativa argumentan que el objetivo es garantizar la paridad de género en el cargo ejecutivo estatal, históricamente ocupado por hombres.

Los ejes del debate

El análisis de la llamada “Ley Esposa” se ha centrado en tres puntos principales:

  • Paridad vs. beneficio particular: mientras sus defensores la presentan como una acción afirmativa para las mujeres, críticos cuestionan si está diseñada para favorecer a una aspirante específica.
  • Legalidad constitucional: se debate si un congreso local puede imponer restricciones de género para una elección específica, por encima de los lineamientos nacionales del INE.
  • Nepotismo político: la reforma se aprueba en un contexto donde avanza una prohibición federal contra la sucesión familiar en cargos de elección popular, lo que ha generado sospechas sobre un intento de eludir esa futura norma.

Un debate que trasciende lo local

La “Ley Esposa” de San Luis Potosí ha abierto una discusión que va más allá del ámbito estatal y plantea preguntas de fondo sobre la paridad sustantiva, los límites de la autonomía legislativa de los estados y la lucha contra las dinastías políticas.

El desenlace del caso podría definirse en los tribunales, una vez que se presente la acción de inconstitucionalidad anunciada por Morena. Mientras tanto, la presidenta Sheinbaum llamó a los congresos estatales que analizan iniciativas similares a revisar con rigor jurídico si estas propuestas realmente contribuyen al avance de los derechos políticos de las mujeres.

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