Ciudad de México.- Trabajadores del Poder Judicial de la Federación (PJF) iniciaron este viernes 6 de noviembre un paro nacional de labores en protesta por el nuevo esquema de evaluación del desempeño, publicado un día antes en el Diario Oficial de la Federación (DOF), al considerar que podría poner en riesgo su estabilidad laboral y los derechos adquiridos durante años de servicio.
La suspensión de actividades comenzó durante los primeros minutos del viernes en distintas sedes de la Ciudad de México y Morelos, y se extendió a juzgados y tribunales de al menos 17 entidades, entre ellas Estado de México, Nuevo León, Veracruz, Guanajuato, Puebla, Hidalgo, Oaxaca, Chiapas, Michoacán, Tamaulipas y Yucatán.
En la sede de San Lázaro, en la capital del país, los trabajadores colocaron cadenas en los accesos para impedir el ingreso de personal del Poder Judicial. Los inconformes advirtieron que mantendrán la suspensión hasta que el Órgano de Administración Judicial (OAJ) revise o deje sin efecto el acuerdo.
El principal motivo de inconformidad es el mecanismo de evaluación que contempla un examen de conocimientos equivalente al 40% de la calificación, mientras que el 60% restante corresponde a distintos indicadores de desempeño, valoraciones de superiores jerárquicos y compañeros, así como reportes institucionales.
Los trabajadores cuestionan la objetividad de estos criterios, particularmente porque consideran que la evaluación de sus superiores podría utilizarse como mecanismo de presión o represalia. También advierten que los resultados podrían repercutir en su permanencia dentro de la institución.
De acuerdo con la información difundida sobre el nuevo esquema, quienes obtengan calificaciones de 90 a 100 puntos recibirán una constancia de permanencia por dos años; quienes alcancen entre 80 y 89 puntos también tendrán una vigencia de dos años. En cambio, las calificaciones inferiores contemplan periodos más cortos y acciones de fortalecimiento, mientras que los resultados insuficientes pueden conducir a un examen extraordinario y, bajo determinadas condiciones, a la baja de la institución.
Por su parte, el Órgano de Administración Judicial sostiene que la primera evaluación, prevista para diciembre, tendrá carácter diagnóstico y estará orientada a identificar fortalezas y áreas de oportunidad para diseñar programas de capacitación. No obstante, los trabajadores consideran que las disposiciones establecen consecuencias que generan incertidumbre sobre su futuro laboral.
La inconformidad también se relaciona con el tiempo para preparar las pruebas y con la participación de titulares de juzgados y tribunales en la valoración del personal, situación que, a juicio de los manifestantes, podría comprometer la imparcialidad del proceso.
El movimiento cuenta con el respaldo de organizaciones sindicales del Poder Judicial. Sus representantes han solicitado abrir un diálogo con las autoridades para revisar los lineamientos y establecer un mecanismo de evaluación enfocado en la profesionalización y capacitación, sin que los resultados se traduzcan en despidos.
El paro representa un nuevo foco de tensión al interior del Poder Judicial, en medio de la implementación de la reforma judicial y de los cambios administrativos que enfrenta la institución.
