El diputado morenista Armando Corona Arvizu presentó una iniciativa para reformar el Código Penal Federal, con el propósito de sancionar con prisión la creación, manipulación o difusión de memes, imágenes, audios o videos que, sin autorización, afecten la dignidad, identidad o reputación de terceros, incluso cuando sean generados con inteligencia artificial.
De aprobarse, la reforma al artículo 211 bis 8 contemplaría penas de hasta seis años de cárcel y multas de hasta 600 días de salario mínimo para los responsables. Las sanciones serían más severas en casos en que las víctimas sean menores de edad, personas con discapacidad o servidores públicos, o cuando el contenido sea ampliamente difundido y genere impactos comprobables en la vida personal o profesional.
El legislador argumenta que el uso de medios digitales para crear contenidos sin consentimiento —como memes o stickers ofensivos— puede constituir una forma de violencia que vulnera la dignidad humana y que debe ser regulada. Según sus argumentos, la iniciativa surge en respuesta al aumento de casos de ciberacoso, suplantación de identidad y manipulación digital.
La propuesta ha reavivado un debate clave: ¿dónde trazar el límite entre la libertad de expresión y el derecho a la integridad personal en el entorno digital? Organizaciones civiles han advertido que leyes similares pueden prestarse para coartar críticas legítimas o censoras.
En años recientes, otros estados han impulsado reformas parecidas. Por ejemplo, en Puebla se aprobó una ley que penaliza el “ciberasedio” o acoso digital, aunque ha sido cuestionada por su posible uso para restringir la disidencia pública.
Con esta iniciativa, el diputado Corona busca que el marco jurídico federal contemple sanciones específicas para el daño mediático digital, aunque la propuesta enfrenta desafíos jurídicos y constitucionales respecto al equilibrio entre protección de la persona y garantías de expresión.
