En México, aproximadamente 35.6 millones de personas carecen de condiciones laborales dignas, según datos recientes de la Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo (ENOE). Este déficit laboral se debe, entre otras causas, a la falta de acceso a la seguridad social, un pilar esencial del concepto de trabajo decente.
Se estima que alrededor del 60 % de la población ocupada en el país no tiene afiliación a servicios de salud a través de su empleo. En más de 20 años, ese indicador apenas mejoró cinco puntos porcentuales. Para muchas personas, la ausencia de un solo componente —como prestaciones, contrato formal o ingreso suficiente— es suficiente para invalidar el carácter digno del trabajo.
La organización Acción Ciudadana Frente a la Pobreza (ACFP) señala que hay al menos nueve indicadores para evaluar la dignidad laboral: acceso a la seguridad social, ingreso adecuado, estabilidad laboral, afiliación sindical, prestaciones, subocupación, jornadas prolongadas, desempleo e inclusión de tareas de cuidado. En el caso del ingreso, aunque el aumento del salario mínimo ha contribuido a reducir la pobreza, sigue estando lejos de una remuneración considerada digna (equivalente a dos canastas básicas), es decir, más de 13,000 pesos al mes.
Del total de personas ocupadas, 22.9 millones reciben hasta un salario mínimo, lo que representa el 38.5 % de la fuerza laboral. En cuanto a prestaciones laborales, tres de cada 10 trabajadores subordinados no cuentan con ellas (vacaciones pagadas, aguinaldo, etc.). Aunque en las últimas dos décadas se ha reducido la proporción de trabajadores sin prestaciones —pasando de 45.8 % a 30.4 %— todavía hay 12.3 millones de personas en dicha situación.
Incluso dentro de la formalidad laboral, el trabajo digno no está garantizado. La ACFP advierte que 56 % de las personas con empleo formal en la iniciativa privada (12.5 millones) gana menos de lo que se estimaría como ingreso digno. Aunque entre 2018 y 2024 hubo una disminución de 2.5 millones de personas en condiciones formales sin ingreso suficiente, el avance fue desigual, principalmente en empresas medianas y grandes.
El contexto revela que la búsqueda de un empleo digno en México sigue siendo un reto mayúsculo: la formalidad no asegura condiciones decentes para todos, mientras que la informalidad concentra la precariedad laboral.
