El gobernador del Estado de México, Alfredo Del Mazo Maza, propuso al Poder Legislativo derogar el código de la biodiversidad y en su lugar expedir un nuevo código ambiental, que responda a las necesidades actuales con el fin de cuidar el ecosistema, garantizar el equilibrio, evitar el deterioro, prevenir la contaminación ambiental y atender el cambio climático.
El Código de la Biodiversidad, expone, entró en vigor en 2006 y fue un punto de referencia para otras entidades federativas porque reunió todas las normas de medio ambiente en un solo espacio, pero con el tiempo ha sido objeto de diversas reformas para armonizarlo con la realidad actual y desafíos ambientales, pues fue expedido en una realidad diametralmente distinta a la actual.
Su adaptación, indica, ha sido de manera forzada, por lo cual resulta conveniente expedir una nueva norma donde se incorpore el fomento de las energías renovables, la regulación puntual para reducir el consumo de productos plásticos de un solo uso, la operatividad de la regionalización ambiental, la política de protección y bienestar animal.
Además del robustecimiento de políticas públicas y gestión innovadora en materia ambiental, el impulso y fomento para el pago de servicios ambientales con el fin de promover la conservación y el aprovechamiento sustentable de los recursos naturales, bajo un esquema racional y con perspectiva de género.
Un Código que considere el cuidado, uso racional, aprovechamiento sustentable del agua y sus ecosistemas y las bases para determinar la responsabilidad, daño y deterioro ambiental, así como la promoción de instrumentos económicos que incentiven el cumplimiento de los objetivos de la política ambiental incluyendo la sustitución de diversos programas fondos y consejos por esquemas únicos ambientales.
Un solo Fondo Ambiental
Por esa razón propone constituir un Fondo Ambiental Estatal que resuelva la actual complejidad técnica y financiera, en el cual existen varios fondos que deberán ser integrados en uno solo, constituido por las aportaciones voluntarias de los sectores social público y privado; la indemnización por el deterioro ambiental, los créditos y apoyos de organismos nacionales e internacionales de carácter ambiental.
Esto, además de los recursos fiscales previstos en el Código Financiero e impuestos ecológicos, el porcentaje de las tarifas del programa de verificación obligatoria y la reparación del daño por maltrato animal establecido en el Código Penal, la recaudación del impuesto de emisión de gases contaminantes a la atmósfera que entró en vigor en abril del 2022.
Pretenden atender la gestión de la calidad del aire con políticas públicas a partir de cuencas atmosféricas, fortaleciendo el programa de calidad del aire del Estado de México, los programas de contingencias, la restricción vehicular, la distribución de competencias entre el Estado y municipios, el control de emisiones de fuentes fijas, móviles y de área.
Perfecciona el procedimiento para la autorización y operación de los centros de verificación vehicular, precisa los supuestos mínimos y máximos de multas en materia de verificación vehicular cómo la regulación correspondiente a la licencia de funcionamiento, el registro de fuentes y reporte de emisiones, promoviendo esquemas de movilidad sustentable.
Mayores sanciones por maltrato animal
Se destaca la prohibición expresa del uso de ejemplares de vida silvestre en circos dentro del territorio estatal. Se reconoce a los animales como seres sintientes que merecen un trato digno y respetuoso y sé precisan las reglas sobre animales domésticos y de compañía, dejando claras las obligaciones de autoridades, propietarios o poseedores.
Para ello se sentarán las bases para la operatividad de las asociaciones protectoras y las unidades municipales de control y bienestar animal, actualizando el apartado de infracciones y sanciones aplicadas aplicables conforme a la gravedad de la falta, la intención y las consecuencias.
Considera el establecimiento de reglas generales para la auditoría ambiental, la promoción de incentivos fiscales y administrativos para la autorregulación y la armonización de las áreas de las reglas de inspección y vigilancia.
Busca fortalecer las atribuciones de la Protectora de Bosques con la finalidad de endurecer las medidas de vigilancia y sanidad con el monitoreo, la medición, el registro y verificación de reducción de emisiones, derivadas de acciones de prevención y combate; combate de plagas y enfermedades forestales.