Luego de la entrada en vigor de la Ley de Amnistía en el Estado de México se calcula que aproximadamente 3 mil solicitudes podrán llegar en los próximos días y ser atendidas en esta primera fase, precisó el presidente del Poder Judicial estatal (PJEM), Ricardo Sodi Cuellar.
Señaló que esta forma de impartición de justicia permite que personas sentenciadas por aborto, crímenes menores, que hayan sido accionadas a delinquir o que fueron injustamente presas, podrían obtener su libertad.
En conferencia de prensa, en el marco de la presentación de los lineamientos para solicitar amnistía conforme a la ley, comentó que este número es preliminar.
«Hicimos un mapeo y esperamos alrededor de 3 mil solicitudes en una primera etapa, les daremos curso a todas las que vengan desde luego y estaremos pendientes también en el poder judicial de verificar quienes son las personas privadas de su libertad que aunque no lo soliciten tienen derecho y estaremos atentos a revisar esas bases de datos que tenemos».
Espíritu de la ley, para quienes aplican y solicitudes
Entró en vigor el 5 de enero pasado y brindó un plazo de dos meses para los preparativos que tendrían que hacer las autoridades judiciales, en especial en materia de capacitación para los distintos servidores encargados.
Por un lado, pretende garantizar la procuración de justicia para aquellos que cometieron crímenes menores, fueron obligados o que su proceso no fue llevado conforme a derecho.
«Construimos una novedad, muy novedosa ley de amnistía que va de acuerdo a los tiempos y a las necedades del Estado de México y que se va a convertir seguramente en un referente nacional».
Delitos que contempla
Alguno de los supuestos que se contemplan son aborto; delitos contra la salud cometidos por situación de pobreza, o de extrema vulnerabilidad; a quien haya sido obligado por grupos de la delincuencia organizada a cometerlo; lo haya cometido pertenezca a un pueblo o comunidad indígena o afromexicana, por la defensa de sus tierras, no se haya accedido a la justicia en su lengua o cultura.
También son materia de análisis el delito de robo en caso de que haya sido simple y sin violencia, cuando el monto no exceda 400 UMAS; y en el caso de que sea con violencia, cuando se trata de un primo delicnuente, no cause lesiones o la muerte de víctimas, no utilice armas de fuego y el momento de lo robado no sea mayor a 90 UMAS, se pague la reparación del daño y no se objeto de alguna investigación, entre otros.
En este sentido, el magistrado calculó que aproximadamente 7.8 por ciento, de los 32 mil presos de la entidad podrían ser los primeros en solicitar el beneficio, lo que despresurizaría al sistema penitenciario, en especial en los penales de Ecatepec, Nezahualcóyotl, Tlalnepantla y Toluca, siendo algunos de los más poblados de la entidad.
De acuerdo con los lineamientos, las solicitudes podrán ser elaboradas por escrito o de manera electrónica por los familiares de las personas injustamente presas, organizaciones u organismos públicos defensores de derechos humanos registrados.
A ellos, se sumó la Comisión de Derechos Humanos de Estado de México (Codhem), ya que en caso de advertir abusos ellos mismos harían las peticiones, advirtió su titular, Jorge Olvera García.