Durante el año 2022, en el Estado de México se registró la pérdida de mil 310 hectáreas de bosques maderables debido a la tala ilegal, según datos del Plan de Desarrollo estatal 2023-2029.
Las pérdidas se registraron principalmente en los municipios de Lerma, Ocoyoacac, Zinacantepec, Huixquilucan, Jilotzingo, Joquicingo, Xonacatlán, Atlautla, Amecameca, Ecatzingo, Villa Guerrero, Tianguistenco, Texcaltitlán, Tenango del Valle, Villa de Allende, Ocuilan, Calimaya, Temascaltepec, Villa del Carbón, Texcoco y Donato Guerra.
Por ello, las autoridades prevén establecer un Sistema Estatal de Gestión del Territorio, con la prioridad de captar agua, emitir bonos de carbono, proteger y restaurar bosques de agua, ríos y cuerpos acuáticos, y aumentar las penas por daño al medio ambiente para quienes realicen talas, arrojen basura en vías públicas o contaminen cuerpos de agua.
En el Estado de México, las reforestaciones disminuyen y los permisos forestales aumentan.
El Plan de Desarrollo advierte sobre la urgencia de generar una cultura forestal que fomente una conciencia generacional dinámica y participativa, realizar la reforestación más grande en la entidad, fortalecer a Probosque, monitorear áreas naturales protegidas, especialmente en zonas conflictivas, promover la educación ambiental y generar una cultura de denuncia de actos o actividades que atenten contra la salud y el bienestar del medio ambiente.
El documento señala que, según Global Forest Watch, existen cuatro regiones mexiquenses con índices de deforestación clandestina severa: la que colinda con el norte de la Ciudad de México, en los límites de la reserva de la biosfera de la mariposa monarca en Michoacán, al sur y suroeste del Nevado de Toluca, y en la zona metropolitana del Valle de Toluca.
El Estado cuenta con 91 áreas naturales protegidas en nueve categorías, y los municipios que albergan el 50% de la superficie forestal de la entidad son: Tlatlaya con más de 78 mil hectáreas, Luvianos con más de 69 mil, Tejupilco con más de 66 mil, Amatepec con más de 63 mil, Temascaltepec y Sultepec con más de 56 mil hectáreas cada uno, San José del Rincón con más de 48 mil, entre otros.
El plan de desarrollo admite que la entidad enfrenta amenazas que ponen en riesgo los ecosistemas y la biodiversidad, como el crecimiento urbano disperso y anárquico, actividades económicas sin regulación, tráfico de especies endémicas, tala ilegal, cambios de uso de suelo, incendios, plagas y enfermedades forestales. Además, alrededor de 165 especies de mamíferos, 54 de aves, nueve de reptiles y 18 de peces se encuentran en peligro de extinción.
Según el plan de desarrollo 2023-2029, de los 125 municipios, 117 poseen superficie forestal y albergan tres mil 524 especies conocidas de plantas, 10 tipos de formaciones forestales que integran la vegetación clasificada en diversos tipos de ecosistemas como matorrales, pastizales, zonas áridas y bosques.
El 32% de la superficie forestal de la entidad está integrada por la vegetación de los bosques de encino, pino, pino-encino y la selva baja caducifolia, y de las cinco mil especies de fauna a nivel nacional, el 15%, es decir, 750, se albergan en los ecosistemas mexiquenses, con 18 especies de peces dulces acuícolas, 51 de anfibios, 93 de reptiles, 457 de aves y 125 de mamíferos.
Durante los años 2021 y 2022, el Estado de México se posicionó como la entidad con el mayor número de incendios forestales, con mil 494 y 964 respectivamente.
Además, en el plan se advierten problemas de contaminación ambiental, emisiones de gases de efecto invernadero que agravan el cambio climático y la erosión extrema del suelo.
Para abordar estos problemas, las autoridades buscan promover la conservación y restauración sostenible de los ecosistemas naturales, fomentar la recarga de mantos acuíferos, implementar técnicas de captación e infiltración de agua al subsuelo, recuperar la cobertura vegetal a través de la reforestación, restaurar ecosistemas degradados, proteger la biodiversidad y servicios ecosistémicos.
También se plantea propiciar la acreditación de instituciones educativas como escuelas ambientalmente responsables, realizar campañas de información y concientización sobre los efectos del cambio climático, generar incentivos en centros educativos para promover el acopio de materiales reciclables, acondicionar edificios con tecnologías de ahorro y captación de agua, eficiencia energética y gestión de residuos, impulsar la educación ambiental y promover programas de eficiencia energética.
Otras acciones incluyen la creación de viveros tecnificados comunitarios, rehabilitación de los existentes, convertir al estado en productor de plantas forestales y urbanas, recuperar áreas verdes rurales y urbanas, restaurar los ecosistemas degradados e implementar medidas compensatorias de mitigación en caso de cambios de uso de suelo en terrenos forestales.
Asimismo, se busca mantener, restaurar y proteger áreas naturales protegidas, rescatar y conservar las especies prioritarias, establecer un monitoreo integral de bosques con tecnologías avanzadas para prevenir incendios forestales, así como centros de combate y prevención con personal y equipo, y fortalecer a Probosque.
Otras acciones a considerar son involucrar a las comunidades en la plantación y cuidado de especies nativas, incentivar plantaciones sostenibles, apoyar a las comunidades y disminuir las emisiones contaminantes.