Barberos del Estado de México denunciaron ser víctimas de siembra de drogas durante el «operativo Atarraya», para dar motivos de la clausura de sus negocios en Edomex.
La reciente ampliación de los operativos Atarraya en 20 municipios del Estado de México ha generado una ola de denuncias por parte de barberos, quienes acusan a las autoridades de sembrar drogas en sus negocios con el fin de justificar su clausura.
En la noche del viernes 7 de febrero, las autoridades realizaron una serie de movilizaciones en 20 municipios, asegurando 312 barberías y estéticas bajo la sospecha de estar vinculadas a actividades ilícitas. Sin embargo, los propietarios de estos establecimientos niegan tajantemente las acusaciones, asegurando que operan de manera legal. Entre ellos se encuentra Armando Esquivel, dueño de una barbería con tres años de funcionamiento.
Esquivel relató que los agentes llegaron a su negocio sin presentar una orden de cateo y, tras una revisión, supuestamente encontraron un envoltorio con droga. Según el propietario, esta droga fue plantada por los propios oficiales. «Me dijeron que habían recibido una denuncia anónima que aseguraba que distribuía droga, pero no me presentaron ninguna orden. Los dejé entrar porque el que nada debe, nada teme, y empezaron a revisar con mi permiso. Al final, casualmente, encontraron un envoltorio con seis o siete coquitos, que no era marihuana, y lo arrojaron ahí», relató.
La situación se agravó cuando Armando revisó las cámaras de seguridad de su barbería, descubriendo cómo uno de los agentes sembraba el envoltorio con la supuesta droga. «No sabían que tenía cámaras. Al revisar las grabaciones, se ve claramente a un agente tomando el envoltorio y arrojándolo», explicó.
Otros propietarios de barberías también han denunciado en redes sociales que los agentes no presentaron órdenes de cateo y que fueron víctimas de siembra de sustancias ilícitas. Un caso similar fue el de Tania GaMa, quien tiene una barbería en Nezahualcóyotl. Ella relató que su negocio fue allanado sin orden judicial, con personal armado que intimidó a los clientes, incluidos menores de edad. «Se llevaron el disco duro de mis cámaras y pusieron sellos en mi establecimiento acusándome de ´venta de droga´, aunque no encontraron evidencia alguna», denunció GaMa.