La fracción parlamentaria de Morena en el Congreso del Estado de México propuso reformas para que se consideren como delitos graves y se ordene prisión preventiva oficiosa contra los funcionarios públicos que cometan cohecho, abuso de autoridad, peculado y enriquecimiento ilícito.
La diputada promovente, Azucena Cisneros consideró dichas modificaciones al artículo 9 del Código Penal, pues no hay penas suficientemente coercitivas contra funcionarios mexiquenses que cometan este tipo de delitos.
De acuerdo al documento, México se ubica en el lugar 123 de 176 en el Índice de Percepción de la Corrupción y es considerado uno de las peores opciones para hacer negocios. Asimismo, indicó que conforme a la Auditoría Superior de la Federación tan sólo el 2% de los ilícitos de corrupción son castigados, mientras que los sancionados “casi nunca son cometidos por altos mandos”.
La propuesta indica que en mayo de 2017, la entidad se adhirió a la lucha en contra de esta problemática social creando la Ley del Sistema Anticorrupción estatal; sin embargo, el catálogo de delitos graves no tuvo actualización en cuanto al número de casos de cohecho, abuso de autoridad y peculado, pues antes de la implementación de la ley quien cometía este delito era perseguido de oficio y se ordenaba la prisión preventiva oficiosa.
La diputada consideró que lo anterior, lejos de ayudar en el combate a la corrupción, dio lugar a una “permisividad para que cualquier funcionario realice conductas atípicas, antijurídicas, culpables y punibles, pues las penas no son los suficientemente coercitivas para hacer un cambio profundo ante esta problemática social”.
Es así que la fracción parlamentaria de Morena indicó que para inhibir conductas delictivas de servidores públicos se reforme el Código Penal, para que se adicionen como delitos graves las figuras delictivas de ejercicio abusivo de funciones y el de enriquecimiento ilícito, además se ordene la prisión preventiva oficiosa.
“La presente iniciativa, será la primera de una serie de propuestas cuyo propósito será reencaminar la finalidad por la que fueron creados los sistemas anticorrupción en todos los niveles de gobierno; basta como justificante saber que nuestro estado es considerado dentro de todos los estudios y estadísticas, como uno de los más corruptos, violentos y en donde prevalece la impunidad”.