Derivado de que el Paquete de Ingresos del 2024 del Estado de México contempla dos nuevos impuestos en materia ambiental y el incremento del Impuesto sobre Emisiones Contaminantes, el presidente del Consejo de Cámaras y Asociaciones Empresariales local (Concaem), Mauricio Massud Martínez, informó que como sector privado están preocupados.
Al respecto, explicó que la preocupación radica en que han identificado que no se han aplicado “criterios técnicos con los que se hayan definido los montos de cobro”, tampoco se cuentan con planes de aplicación de los recursos.
“La aplicación de los gravámenes pueden significar incrementos en el costo de operación desde un 20 hasta un 49% dependiendo de la actividad que se realice y en muchos de los casos sacar de mercado a las unidades económicas contra entidades en las que este impuesto aun no es aplicable”, consideró.
El empresario señaló que como sector formal han proyectado un posible riesgo, ya que estos gravámenes no contemplan programas de regularización de las empresas ni alguna medida que busque que quienes operan hoy en la irregularidad y contaminan, “sean también sujetos obligados”.
“En realidad lo que más nos preocupa es el mensaje de falta de certeza, justicia, transparencia y crecimiento que se lanza al exterior, las propuestas que se están analizando le dicen a las empresas que ya están establecidas en el Estado de México y a las que quieren llegar, que no hay garantías sobre lo que puede pasar mañana, que hoy son 43 pesos pero mañana pueden ser 100 y después 200, que hoy son tres impuestos nuevos y mañana pueden ser cinco, que no es seguro traer sus capitales aquí”, comentó el presidente de Concaem.
Coparmex
Por su parte, la Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex) nacional también informó que los ingresos generados por estos gravámenes para el 2024 en el Estado de México no están adecuadamente asignados a acciones de mitigación, “no se garantiza que su uso cumpla con criterios de transparencia y rendición de cuentas”.
“Consideramos que así como están planteados no es posible identificar un beneficio ambiental o social, lo que sugiere que su propósito puede ser exclusivamente recaudatorio.
Además, no se han demostrado los supuestos beneficios de la aplicación de estos impuestos en ambas entidades. Aunque las iniciativas mencionan supuestas ventajas y su impacto en la población más desprotegida, los impuestos propuestos no están específicamente asignados en las Leyes de Ingresos o Hacienda. Como resultado, no se puede asegurar que hayan sido o serán destinados para promover un medio ambiente saludable o el bienestar público, lo que desvirtúa su supuesto propósito original”, informó la cúpula empresarial nacional.