En el actual sexenio federal, diez presidentes municipales en funciones han sido asesinados en distintos estados del país. Los crímenes, ocurridos principalmente en zonas con presencia del crimen organizado o conflictos comunitarios, reflejan el nivel de riesgo que enfrentan las autoridades locales y la fragilidad de los gobiernos municipales ante la violencia.
Los casos registrados
De acuerdo con recuentos oficiales y hemerográficos, los alcaldes asesinados son:
- Yolanda Sánchez Figueroa, Cotija, Michoacán – 3 de junio de 2024. Atacada a balazos cuando salía de un gimnasio en el centro del municipio.
- Alejandro Arcos Catalán, Chilpancingo, Guerrero – 6 de octubre de 2024. Hallado sin vida dentro de su vehículo, con signos de violencia extrema.
- Román Ruiz Bohórquez, Candelaria Loxicha, Oaxaca – 15 de octubre de 2024. Víctima de un ataque armado confirmado por autoridades estatales.
- Jesús Franco Lárraga, Tancanhuitz, San Luis Potosí – 15 de diciembre de 2024. Emboscado en carretera; tres acompañantes también murieron.
- Mario Hernández García, Santiago Amoltepec, Oaxaca – 15 de mayo de 2025. Emboscado en un camino rural de la Sierra Sur.
- Isaías Rojas Ramírez, Metlatónoc, Guerrero – 28 de mayo de 2025. Sufrió un ataque armado y falleció días después en el hospital.
- Salvador Bastida García, Tacámbaro, Michoacán – 5 de junio de 2025. Ejecutado a las puertas de su domicilio; un escolta murió junto a él.
- Lilia Gema García Soto, San Mateo Piñas, Oaxaca – 15 de junio de 2025. Un comando irrumpió en el palacio municipal y disparó más de 60 veces.
- Miguel Bahena Solórzano, Pisaflores, Hidalgo – 20 de octubre de 2025. Agredido por hombres armados que le dispararon desde una motocicleta.
- Carlos Alberto Manzo Rodríguez, Uruapan, Michoacán – 1 de noviembre de 2025. Asesinado durante un evento público en la plaza principal.
Una constante: criminalidad y vacío institucional
Los asesinatos tienen factores comunes:
- Municipios ubicados en zonas disputadas por grupos criminales, con fuerte debilidad institucional.
- Autoridades municipales que habían denunciado amenazas o carecían de protección.
- Falta de coordinación efectiva entre los tres niveles de gobierno para resguardar a funcionarios locales.
Especialistas advierten que esta violencia no sólo vulnera a las autoridades, sino que intimida a comunidades enteras y debilita la vida democrática, al inhibir la participación política y favorecer el control del territorio por parte de organizaciones delictivas.
Exigen investigaciones y protección
Familiares, organizaciones civiles y líderes políticos han exigido que los casos no queden impunes. También han solicitado protocolos de seguridad y reacción inmediata para alcaldes, principalmente en municipios rurales o con presencia de grupos armados.
Hasta ahora, en la mayoría de los casos no hay detenidos ni avances públicos en las investigaciones, lo que incrementa la percepción de impunidad.
