Las comisiones legislativas de Gobernación y Transparencia aprobaron la expedición de la Ley Estatal de Archivos que, tenía pendiente la Legislatura mexiquense desde junio pasado, con lo que se obligará a los municipios a sacar del “sótano la memoria histórica” de las localidades y organizar, resguardar y valorar todos sus documentos.
Esto deberá ser bajo criterios homogéneos; habrá sanciones para quienes incumplan, sustraigan o dañen los archivos; el gobierno estatal deberá dar paso a la transformación del Archivo Estatal en un ente autónomo e independiente y al legislativo a considerar recursos públicos para este fin.
El último diagnóstico que se hizo en la entidad señala que la mayoría de los archivos en el estado se encuentran minimizados, en los sótanos, cuartos de limpieza, sin personal especializado, sin recursos ni condiciones para su resguardo, pues en gran parte de ellos ni computadora o estantes tienen.
La Ley General de Archivos que, entró en vigor el pasado 15 de junio de 2019, dio un año a las Legislaturas para que las locales adecuarán sus normas, pero sólo cinco entidades cumplieron a tiempo: Colima, Nuevo León, Hidalgo, Jalisco y Oaxaca; mientras dos más estaban ya aprobadas, cuatro en proyectos y 17 en avance. En estas últimas estaba el Estado de México. Los diputados unieron las iniciativas que presentaron las diputadas Elizabeth Millán, de la bancada de Morena y la panista Brenda Escamilla Sámano.
En los siguientes días van a someter a votación del pleno este dictamen y cuando el Ejecutivo la publique entrará en vigor. Esta norma será forzoso para todos los sujetos obligados, incluyendo a los sindicatos y todos aquellos que manejen recursos públicos para preservar la información.
Último diagnóstico
Lo realizó el gobierno estatal en 2017, se concluyó que las y los responsables de los archivos desconocen lo relativo a la gestión de los documentos de archivos electrónicos, incluso en aquellos casos donde tienen licenciatura o estudios de posgrado.
Se evidenció la necesidad de capacitación, les hacía falta mobiliario y equipo para los archivos de concentración e históricos; se habían destruido archivos importantes por negligencia, no había auditorías en este rubro, carencia de personal, bajos salarios, había una constante rotación de personal dedicado a estas áreas, faltaban recursos materiales y económicos y asignar lugares específicos y bien cuidados para el resguardo de toda la documentación pública.