El presidente Andrés Manuel López Obrador creó, mediante un decreto publicado la noche del martes en el Diario Oficial de la Federación (DOF), la empresa Litio para México (LitioMx), a fin de que dicho consorcio público explore, explote y aproveche los yacimientos de litio que se ubican en territorio nacional.
Esta empresa pública también tendrá a su cargo la administración -y control- de las cadenas de valor económico del litio mexicano.
El consorcio será un organismo descentralizado que coordinará la Secretaría de Energía, de hecho, su personal deberá ser transferido desde esa dependencia. Además, contará con personalidad jurídica y patrimonio propios, y autonomía técnica, operativa y de gestión.
La administración del organismo estará a cargo de una dirección general, y de un Consejo de Administración que integrarán los titulares de las secretarías de Energía, Hacienda, Economía, Gobernación, y Medio Ambiente y Recursos Naturales.
Este consejo deberá instalarse en un periodo no mayor a los sesenta días naturales, a partir de la publicación del decreto presidencial, en tanto que Litio para México iniciará sus funciones en un plazo máximo de 180 días naturales, a partir de este miércoles, cuando entró en vigor la disposición del mandatario.
El director general de Litio para México, de acuerdo con el decreto, será designado y removido por el presidente de la República, a propuesta del titular de la Secretaría de Energía, que hoy es Rocío Nahle.
Respetará el medioambiente
LitioMx estará sujeto a lo establecido en la Constitución y en la Ley Minera, además de que tendrá la obligación de cumplir con las leyes y tratados internacionales en materia de protección al medio ambiente, y de respeto a los derechos de los pueblos originarios, comunidades indígenas y afromexicanas.
Su presupuesto estará sujeto a las disposiciones de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, y del Presupuesto de Egresos de la Federación de cada ejercicio fiscal.
Este organismo público forma parte de la reforma a la Ley Minera que, en abril pasado, declaró la exploración, explotación, beneficio y aprovechamiento del litio a cargo exclusivo del Estado mexicano, prohibiendo las concesiones y permisos a la iniciativa privada, tanto nacional como extranjera.
Las modificaciones a la Ley Minera se dieron luego de que la Cámara de Diputados rechazara una reforma constitucional en materia eléctrica, que había propuesto el presidente López Obrador, y que incluía un apartado dedicado al litio.
En esos cambios legales, se estableció que el mineral sería manejado por el Estado mexicano a través de un organismo público descentralizado, que hoy se materializa en LitioMx.
Hasta abril pasado, en México existían 31 concesiones otorgadas a empresas extranjeras para explorar vetas de litio, aunque solo una había logrado extraer y exportar ese mineral.
Al respecto, el decreto del presidente no hace alusión alguna sobre dichas concesiones que, presumiblemente, serán canceladas, a pesar de que en nuestro país ninguna ley puede ser aplicada de manera retroactiva.
Los 31 permisos ya mencionados se otorgaron a empresas de Canadá y Estados Unidos principalmente, entre los años 2000 y 2018, pues en la actual administración no se ha concedido ningún contrato de este tipo.
Los estados del país en los que existen yacimientos de litio son, entre otros, Coahuila, Sonora, Zacatecas, Chihuahua, y San Luis Potosí.
En abril de este año, cuando se reformó la Ley Minera y se anunció la creación de un organismo público para el manejo del litio, la Asociación de Ingenieros de Minas, Metalurgistas y Geólogos de México informó que, para poder extraer este mineral, se necesitaría una inversión de por lo menos 300 millones de dólares, sin contar los costos para la exploración.