En un ambicioso impulso por el desarrollo local, diez municipios del Estado de México han emprendido un camino financiero de deuda para llevar a cabo proyectos de obras públicas, con la contratación de créditos a través de Banobras durante este año.

Una cifra que, en conjunto, asciende a más de 239 millones de pesos, proyectados para ser saldados en el próximo año fiscal, es decir, en noviembre del 2024.

Los municipios de Santiago Tianguistenco, Villa Guerrero, Jilotepec, Valle de Bravo, La Paz, Coatepec Harinas, Atlautla, Nicolás Romero, El Oro y Ozumba han incursionado en esta estrategia, cada uno ajustando la magnitud del préstamo a sus propias necesidades y capacidad financiera.

Los montos adquiridos varían desde los 11 hasta los 53 millones de pesos, reflejando la diversidad de proyectos planeados y la infraestructura a desarrollar en cada localidad.

¿Cuándo deberán pagar estos préstamos?

Estos créditos, bajo la modalidad de créditos simples, presentan plazos de devolución que oscilan entre 444 y 617 días, aproximadamente un año y medio a un año ocho meses. Todos estos compromisos financieros deben ser saldados antes de noviembre del próximo año, plazo que coincide con el fin de los mandatos de los actuales gobiernos municipales.

Los fondos obtenidos se destinan exclusivamente a la inversión pública productiva, lo que significa que se enfocarán en la ejecución de obras públicas de alto impacto en sus respectivas localidades, abordando necesidades prioritarias en infraestructura y desarrollo comunitario.

Es interesante destacar que, como una estrategia de garantía de pago, todos los municipios han comprometido el 25% del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social, asegurando así una fuente específica de recursos para la devolución de estos créditos.

Estos préstamos no están exentos de intereses, con tasas que varían del 8.9% al 12.15%, reflejando las condiciones y negociaciones particulares de cada municipio con Banobras. La responsabilidad financiera impuesta se convierte en un desafío para las administraciones actuales, ya que deben asegurar la ejecución de las obras planificadas y, al mismo tiempo, gestionar efectivamente los recursos para cumplir con los compromisos de pago.

La presión recae sobre los hombros de los gobiernos municipales salientes, que se enfrentan a un reloj implacable para saldar estas deudas antes de finalizar sus mandatos en diciembre del próximo año. La eficiencia en la gestión de estos recursos y la ejecución exitosa de los proyectos se convierten en prioridades cruciales para asegurar el desarrollo sostenible y el bienestar de sus comunidades.

Estos créditos representan una oportunidad para el progreso local, pero también un desafío significativo en términos de gestión financiera y ejecución eficiente de proyectos para los municipios del Estado de México que han apostado por su desarrollo a través de la inversión en infraestructura pública.