La bancada del Partido Acción Nacional (PAN) propuso este jueves ante el Congreso del Estado de México reformar el Código Penal para incluir el robo y fraude con tanques de oxigeno como delito y sancionarlo hasta con 4 años de cárcel y de 100 a 400 días de multa.

Cabe señalar que este tipo de ilícitos ya son consideradas ante la ley; sin embargo, el objetivo principal es cambiar su manera de tratamiento judicial, esto para mandar un mensaje a la ciudadanía de que no puede lucrar con un producto que es calificado como de primera necesidad durante esta pandemia por COVID-19.

La iniciativa fue presentada por la diputada Ingrid Krasopani Schemelensky Castro y el diputado José Antonio García García, luego de argumentar que, de acuerdo con información de Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco), se reportó un incremento de 700% en la demanda de tanques y concentradores de oxígeno durante las primeras semanas de este año.

De igual forma, los diputados panistas resaltaron que la misma Profeco reportó la suspensión de mil 200 perfiles de Facebook y 130 páginas de internet por realizar fraudes con estos insumos, mientras que la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana señaló que 5 de los 14 robos de tanques y concentradores de oxígeno en el primer mes de este año se originaron en el Estado de México.

De acuerdo con el documento, recibido por la Diputación Permanente que preside la legisladora Anaís Miriam Burgos Hernández (Morena), las y los diputados del PAN consideran apremiante establecer medidas que ayuden a combatir y erradicar este tipo de ilícitos.

La iniciativa fue remitida para su dictamen a la Comisión de Procuración y Administración de Justicia.

El pasado 12 de febrero, elementos de la Fiscalía General de Justicia de Estado de México (FGJEM) capturaron a dos presuntos criminales por el robo de tanques de oxígeno.

Los sujetos fueron identificados como Gerardo Iván “N” o El Greñas, de 37 años de edad, y Alejandro “N”, de 21. Los tanques, solicitados actualmente y principalmente para tratar casos graves de COVID-19, fueron incautados después de una indagatoria realizada por la FGJEM.