“Para que no se pueda abusar del poder, es preciso que el poder detenga al poder”.
-Montesquieu.
Hoy quiero empezar esta columna escribiendo sobre un principio fundamental en nuestra democracia mexicana, un principio que ha sido una piedra angular en nuestra época contemporánea: la división de poderes. La división de poderes es un concepto central que garantiza que el poder del Estado no se concentra en manos de una sola autoridad, sino que se distribuye entre tres ramas independientes: el Poder Ejecutivo, el Poder Legislativo y el Poder Judicial.
La división de poderes en México es un mecanismo de control, cada uno de estos poderes tiene la responsabilidad de verificar y equilibrar el poder de los demás, evitando así la concentración de autoridad y el abuso. Esta separación de poderes es un pilar de nuestra democracia y desempeña un papel crucial en la protección de los derechos y las libertades de los ciudadanos.
En ese contexto y mediante un acto de venganza política hacia los ministros y las ministras de la SCJN, jueces y magistradas, durante la madrugada de este miércoles en el Congreso, Morena y sus aliados con mayoría simple aprobaron eliminar 13 fideicomisos judiciales con los que más de 50.000 empleados del Poder Judicial, se verán afectados respecto a sus prestaciones laborales. En más de 20 estados del país, trabajadores del Poder Judicial se han manifestado en contra de esta barbarie e incluso amenazan con un paro nacional.
En ese sentido, según datos que presentó Luis Martínez -director de Qualia-, los montos de los fideicomisos entre el Poder Judicial y la Defensa Nacional-Marina no tienen comparación alguna. En números reales, la Defensa Nacional tiene 99 mil MDP asignados, la Marina cuenta con un monto de 17 mil MDP y en última instancia se encuentra el Poder Judicial con 15 mil MDP. Cada quien saque sus propias conclusiones.
Sin duda, el presidente López Obrador más que en gobernar, está enfocado en su “plan C”, donde pretende lograr una mayoría calificada de dos terceras partes en el Congreso de la Unión -para no tener contrapesos- en las elecciones de 2024, para así concretar su reforma constitucional al Poder Judicial y que los ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación sean electos por voto popular. El problema no es cómo se eligen a las y los ministros de la SCJN, el problema deriva de que existe un ejecutivo y un legislativo que no cumplen con la ley y quieren violentar la Constitución.
La eficacia de la división de poderes depende de la participación activa de los ciudadanos. Como sociedad, debemos ser conscientes de nuestros derechos y responsabilidades, es nuestro deber estar atentos a la actuación de nuestros representantes en todas las ramas del gobierno. Es nuestra responsabilidad proteger y fortalecer este sistema para asegurar un México mejor y más justo para las futuras generaciones.
Decía Lord Acton: “El poder tiende a corromper, el poder absoluto corrompe absolutamente”. Es cuánto.
X: @AlejandroDíazDz
Estudiante de Derecho en la Universidad Autónoma del Estado de México.