Desde el sector empresarial piden que se posponga la discusión de la reforma de las 40 horas de trabajo, al menos hasta cuando haya un incremento sólido en la productividad en el país. Este lunes arranca el Parlamento Abierto en la Cámara de Diputados para analizar el impacto de este proyecto.

“La propuesta del sector empresarial es que no es tiempo de que se apruebe la reforma de la jornada laboral”, afirma José Medina Mora, presidente nacional de la Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex).

Para la iniciativa privada, expresa en entrevista, en el escenario actual no es factible avanzar en un cambio en el tope de la horas de trabajo en la Constitución, ni con una período de transición para su implementación gradual ni con una reducción menor a la que se analiza en el Congreso.

La postura de los empresarios es clara: primero se tiene que elevar la productividad en el país y reducir regulaciones y trámites administrativos, posteriormente se podría discutir la disminución de la jornada laboral.

“No es momento de reducir la jornada laboral; tenemos que trabajar en aumentar la productividad. Somos conscientes que una parte del aumento de la productividad tiene que ver con las empresas, pero otra tiene que ver con el gobierno. A nosotros nos toca apostar por la innovación y capacitar al personal; por el lado del gobierno, se tiene que trabajar en disminuir las regulaciones”, expone el líder empresarial.

Este lunes inicia en la Cámara de Diputados el Parlamento Abierto para analizar la reforma para reducir a 40 horas la jornada semanal. “Estaremos ahí participando”, afirma José Medina Mora. El sector empresarial asistirá con la confianza de que el ejercicio sirva para “razonar en que no es el momento de hacerlo”.

En lo que va de este año, señala, las empresas han enfrentado tres aumentos de costos importantes debido a cambios de política laboral: el nuevo incremento al salario mínimo, la reforma de vacaciones y una mayor aportación patronal a las pensiones.

Adicional a esto, la agrupación de empresarios estima que en el mercado laboral hay entre 1.2 y 1.6 millones de vacantes que no pueden cubrirse. Esta falta de disponibilidad de personal sería una mala combinación con una reducción de las horas de trabajo. “Se tendría que pagar horas extras dobles y triples. Es una razón más para señalar que no es el momento de hacer esta reforma”.

Por ahora, el sector empresarial no plantearía ni un período de transición ni una reducción más baja a la que se establece en el dictamen aprobado en comisiones de la Cámara de Diputados en abril. La IP apostaría por convencer que México no tiene las condiciones para reducir el tiempo de trabajo, al menos por ahora.

José Medina Mora niega que el sector empresarial se oponga a avanzar en esta materia, pero insiste: “No es momento, no es un rechazo; no es momento de aumentar costos. El riesgo como país de subir costos sin aumentar la productividad es que podemos perder competitividad y, en el contexto del nearshoring, lo peor que nos puede pasar es perder la competitividad”.

Aún con una reforma con implementación gradual, como se hizo en Chile y Colombia, expone, la reforma no sería factible en México porque dichos países, antes de avanzar en reducir su jornada laboral, aumentaron su productividad.

El presidente de Coparmex no descarta que un crecimiento en la productividad no sólo abra la puerta a una reducción de la jornada de trabajo, sino a otros cambios legales. “Podemos hacer muchas reformas laborales una vez recuperada la productividad”.

Posiciones encontradas ante las 40 horas

Mientras el sector empresarial se mantiene en la postura de que México no atraviesa un buen momento para reducir la jornada laboral, desde la trinchera sindical piden que el proyecto se apruebe en el Congreso de la Unión sin cambios, es decir, sin un período de transición.

La jornada laboral en México no se ha modificado en un poco más de 100 años. Lo que está en la mesa de discusión es reformar la Constitución para fijar dos días de descanso por cada cinco días de trabajo, lo que se traduciría en un recorte de 48 a 40 horas semanales en el límite legal.

Y aunque las jornadas de 48 horas semanales se mantienen como la regla general en la mayor parte de Latinoamérica, recientemente Colombia y Chile avanzaron en la reducción a 42 y 40 horas, respectivamente, ambos con una implementación gradual.

En el continente, Ecuador es el pionero y desde 1997 cuenta con una jornada semanal de 40 horas. Esta fórmula es habitual en la mayor parte de Europa y el norte de Asia desde el 2005, según investigaciones de la Organización Internacional del Trabajo (OIT).

A través de la Recomendación 116, el organismo plantea como un escenario ideal llegar a una jornada de 40 horas. Para hacerlo, le sugiere a las economías reducir el tiempo de trabajo de manera gradual y con protección al salario; ambos elementos no están contemplados en el dictamen pendiente de discutirse en el pleno de la Cámara de Diputados.

La OIT también plantea “considerar las circunstancias de cada país y de cada sector, esto incluye el nivel de desarrollo de la nación, los progresos obtenidos con la implementación de tecnología y la necesidad de elevar el nivel de vida de la población”.