El Poder Judicial del Estado de México convocó a sesión extraordinaria del pleno del Tribunal Superior de Justicia (TSJEM) para aprobar los lineamientos para el registro de aspirantes a la presidencia y la elección que se realizará el 7 de enero de 2025.

La convocatoria fue emitida cuando aún no se ha aterrizado la reforma judicial en el ámbito estatal, y cuando no se ha definido si previo a la elección de jueces y magistrados se nombra un presidente interino o se alarga el periodo de Ricardo Sodi al frente de ese Poder, en tanto se organizan los comicios y obtienen resultados.

La convocatoria, suscrita por el propio Sodi Cuéllar y por la jueza Fabiola Catalina Aparicio Perales, en su calidad de secretaria general de acuerdos, especifica que la sesión extraordinaria del pleno del TSJEM, tendrá verificativo el viernes 15 de noviembre a las 11:00 horas.

La sesión se realizará en modalidad telepresencial, a través de la plataforma zoom, y el orden del día contempla la “presentación, discusión y, en su caso, aprobación, del proyecto de lineamientos para el registro de aspirantes a presidir el Poder Judicial y el proceso de elección en la sesión extraordinaria del pleno del 7 de enero de 2025”.

Ricardo Sodi concluirá su gestión los primeros días del año próximo; sin embargo, la convocatoria para elegir a su sucesor ocurre en la conyuntura de una reforma judicial federal que establece la elección de jueces y magistrados por voto popular y otorga 180 días a las entidades federativas para adecuar su legislación a la norma.

Francisco Vázquez, presidente de la Junta de Coordinación Política (Jucopo) en la Legislatura mexiquense, había adelantado la posibilidad de designar un presidente del Poder Judicial interino o de alargar el periodo de Ricardo Sodi con la finalidad de empatar los tiempos de la elección previstos a mediados de 2025.

Este medio día, durante la sesión plenaria del Poder Legislativo del Estado de México, diputados de Morena advirtieron que la convocatoria es anticonstitucional y urgieron a apresurar la reforma judicial local para evitar malas interpretaciones.