Ayer se presentó en Toluca, Estado de México, la primera denuncia por violencia vicaria en el estado y en el país, por parte de Gabriela, una madre de familia quien desde el año pasado sufre de abusos y amenazas por parte del padre de sus gemelas.

Al centro de Centro de Justicia para las Mujeres de la Fiscalía mexiquense acudió la víctima, su abogado Arturo López y activistas del colectivo Cam-Cai, quienes le han dado apoyo, al ser víctima de violencia física, sexual, patrimonial, económica.

De acuerdo con Mildred Sáenz, integrante del colectivo, el agresor de Gabriela está usando a sus dos hijas como instrumento para dañarla.

Alertó que esta situación ya ha costado la vida de mujeres a manos de su agresor.

El abogado López detalló que ayer presentaron una denuncia contra la expareja de Gabriela por el daño que han sufrido sus hijas gemelas, quienes “han sido instrumentalizadas para torturarla y para causarle un daño cruel”.

Incluso, dijo, les han mostrado videos donde amenazan a la víctima que si no termina con su vida no volverá a ver a sus gemelas, aunque las niñas están con ella.

Explicó que si bien no hay una pena punible o sanción civil para las personas que cometen este delito, sí se puede denunciar la violencia vicaria como una forma de violencia contra las mujeres.

El 7 de abril pasado, el Congreso del Edomex aprobó incorporar la violencia vicaria a la Ley de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia estatal.

El artículo 8 de la ley la define como el acto u omisión que genera afectación o daño físico, psicológico, emocional, matrimonial o de cualquier otra índole a un descendiente, ascendiente o dependiente económico de la víctima -incluidas mascotas- cometido por parte de quien mantenga o mantuvo una relación afectiva o sentimental con la misma.

Los colectivos han hecho exhortos a los congresos para castigar la violencia vicaria con penas de cuatro años de prisión por falta menor hasta 70 años por un desenlace trágico.

Hasta ahora, solo Estado de México, Zacatecas, Yucatán, Ciudad de México y Querétaro cuentan con una ley contra la violencia vicaria.