El día de ayer el Presidente ANDRES MANUEL LÓPEZ OBRADOR, firmó un decreto publicado en el DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN para declarar de interés público y de SEGURIDAD NACIONAL la realización de proyectos y obras a cargo del Gobierno de México asociados a Infraestructura, en prácticamente todos los sectores, comunicaciones, telecomunicaciones, aduanero, fronterizo, hidráulico, hídrico, medio ambiente, turístico, salud, vías férreas, ferrocarriles en todas sus modalidades, energéticos, puertos, aeropuertos, y aquellos que, por su objeto, características, naturaleza, complejidad, y magnitud, se consideren prioritarios y/o estratégicos para el desarrollo nacional.
Este acuerdo firmado por el presidente López Obrador instruye a las dependencias y entidades de la administración pública federal a otorgar la autorización provisional y la obtención de dictámenes, permisos o licencias necesarias para iniciar proyectos u obras de gobierno y con ello garantizar su ejecución oportuna.
Este acuerdo entra en vigor el día de hoy y estipula que la autorización provisional tiene vigencia de 12 meses.
Recordemos que algunas de las obras de infraestructura del gobierno federal como el aeropuerto Felipe Ángeles y el Tren Maya han sido demoradas o incluso suspendidas en algún momento por amparos interpuestas por algunos grupos sociales o algunos intereses políticos.
Según expertos en la constitución y en políticas públicas, ven con muy malos ojos este decreto pues para unos es inconstitucional, otros dicen que es totalmente autoritario pues deja sin posibilidad de defensa a personas y grupos que se sientan afectados por dichas obras y para otros es un retroceso en materia de transparencia.
Justo por este último punto el INSTITUTO NACIONAL DE TRANSPARENCIA, ACCESO A LA INFORMACIÓN Y PROTECCIÓN A DATOS PERSONALES (INAE) analiza este acuerdo, porque al declararlo de seguridad nacional el derecho al acceso a la información queda vulnerado, pues la seguridad nacional es una causal de reserva de información.
Y es que si bien el presidente en la mañanera señaló que el objetivo con esto es evitar que sus adversarios detengan los proyectos por la vía del amparo. Pero no todos los que han interpuesto amparos son adversarios, recordemos a los comuneros dueños de algunos terrenos cercanos al aeropuerto Felipe Ángeles interpusieron amparos pues no les querían pagar lo que ellos decían que valían sus tierras.
Se entiende pues con esto que el Gobierno federal tendría un año para avanzar en estas obras sin demoras y sin tener que transparentar absolutamente nada, la pregunta que les dejo ¿Es inconstitucional, se vulnera el principio de transparencia? ¿Usted qué opina?