La Legislatura mexiquense contrató a 84 trabajadores de intendencia, quienes trabajaban bajo la modalidad de «outsourcing», es decir, subcontratados a través de una empresa privada; con lo cual incrementó su salario en un 44% y les otorgó todas las prestaciones de ley.
Con esa decisión, el Congreso local dejaría de pagar más de cinco millones de pesos a la empresa que prestaba esos servicios, de acuerdo con el último contrato hecho público y el cual data del año 2018.
La Junta de Coordinación Política del Congreso mexiquense, a propuesta del Partido del Trabajo, acordó que desde este primero de enero terminarían con esa figura que operaba en la Legislatura mexiquense desde hace 15 años.
El coordinador del PT, Luis Antonio Guadarrama Sánchez explicó que los incorporaron desde el primero de enero porque debían esperar a que terminara el contrato con la empresa y destacó que es importante porque tendrán seguridad social, pago de vacaciones, aguinaldo, podrán generar antigüedad y un mejor salario.
Dijo que tenían un salario cercano a los 3 mil pesos a la quincena y ahora percibirán un poco más.
A través de sus redes sociales, el coordinador de Morena y presidente de la Junta de Coordinación Política, Maurilio Hernández González anunció que el alza salarial es del 44% y son 84 las y los trabajadores contratados.
Guadarrama afirmó que la propuesta original era para todo el sector público, por lo cual el PT insistirá en que esa figura se elimine de las instancias públicas.
«Nosotros como PT siempre hemos estado en salvaguardar de los derechos de los trabajadores y nos sentimos contentos».
El diputado local dijo que los más de 84 trabajadores no implicarán un fuerte gasto para el congreso local, pues ya había una erogación a través del contrato con la empresa y no parten de cero.
Señaló que la contratación es para hacer justicia a esos trabajadores porque no tenían prestaciones y son contratados como nuevos en el Poder Legislativo mexiquense, pero llevan años en esa labor.
Recordó que él hizo la propuesta y el pleno acordó analizar la situación de los y las trabajadoras de intendencia. La Junta acordó esperar a que terminara el contrato con la empresa el 31 diciembre y absorbió a los empleados desde el primero de enero.