Urge que se pongan de acuerdo por la diferencia de semáforos epidemiológicos entre la CDMX y el Estado de México, ojalá se pongan los homologuen, porque hay actividad empresarial común en el Valle de México y en esta pandemia por Covid-19, “debemos prudentes, no podemos arriesgar a nadie”, afirmó en conferencia de prensa la dirigente del Consejo Coordinador Empresarial (CCE) mexiquense, Laura González Hernández.

Foto: Animal Político 

Para la reactivación económica es necesario que el pago de pruebas Covid-19, debe ser cubierto por autoridades, toda vez que los empresarios y trabajadores pagan impuestos para la operación del Sector Salud, quienes pese a la crisis que ha dejado la pandemia han tenido que solventar pagos que van de 500 a 3 mil 600 pesos por cada análisis que aplican a trabajadores con sospecha de haber adquirido el coronavirus, señaló la presidenta del CCE.

En conferencia conjunta con otros dirigentes, entre ellos Oscar Moreno Moreno, líder de la Confederación Obreros, Campesino y Empleados de México (Cocem), señalaron que en el Estado de México, la pandemia sanitaria ha propiciado la pérdida de 140 mil empleos.De acuerdo a datos del IMSS en los últimos tres meses se perdieron 58 mil 652 plazas formales; además los trabajos del sector informal, toda vez que de acuerdo al INEGI, 58% de los trabajadores mexiquenses laboran en el comercio ambulante, en labores informales, indicó en videoconferencia la presidenta del CCE.

Los empleos perdidos están especialmente en el turismo, hoteles, restaurantes; comercio, venta de ropa, fabricación de muebles y de artículos que no nos necesarios para la vida diaria, así como en la construcción, venta de autos, negocios de entretenimiento, así como estéticas, salones de fiesta, boliches y casinos, apuntó Laura González Hernández.

Para la reactivación económica gradual, es importante que las autoridades garanticen la aplicación de pruebas de laboratorio Covid-19 , toda vez que en el mundo quien se encarga de realizar las pruebas es el gobierno, los empresarios pagamos impuestos para que opere el sistema de salud, puntualizó la dirigente del CCE.

La aplicación de pruebas para detectar o descartar el Covid-19, es una estrategia para contener la pandemia, reiteró Laura González, quien señaló que estas pruebas en el sector privado son costosas, por lo que además habría que ver una regulación de precios, porque están disparados los costos.

Oscar Moreno Moreno, dirigente de la Cocem, coincidió en que es responsabilidad de los gobiernos federal y estatal, al tiempo que reconoció a los empresarios que ya reiniciaron actividad o la han mantenido, quienes aplican un test de contacto o contagio con sus trabajadores, que incluye la detección de casos entre sus familiares.“Se checa la temperatura, lavado de manos y gel”, apuntó Oscar Moreno.

No obstante las pruebas las han estado pagando los empresarios, preocupados por seguir teniendo operatividad, preocupados por sus negocios.

En el mercado el costo va de 800 pesos por una prueba rápida, similar a la de embarazo que da resultados de 5 a 10 minutos; las de sangre emiten una respuesta de cuatro a cinco horas; la prueba con cotonete que se introduce en la nariz es cuesta de 2 mil 800 hasta 3 mil 600 pesos, aún los análisis rápidos tienen un costo de 500 pesos, lo que es un precio elevado imposible de pagar, si se considera que las aplicarán a decenas de trabajadores, apuntó Oscar Moreno.

Laura González reiteró que la salud, al ser un derecho humano, es una responsabilidad del gobierno y más para los trabajadores formales.

Fuente: El Universal 

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